El Real Madrid está ultimando la propuesta de reestructuración corporativa que el presidente Florentino Pérez presentará a los representantes del club el 23 de noviembre. Según El País, el plan en desarrollo permitiría la entrada de un inversor externo que adquiriría entre el 5% y el 10% del capital en la nueva estructura, mientras que el resto permanecería bajo el control de los socios. Este borrador forma parte del proceso en curso que explora una posible transformación en Sociedad Anónima Deportiva (SAD).

El informe explica que esta inyección de capital también serviría como punto de referencia para la valoración de mercado del Real Madrid. El propio Florentino Pérez estimó el valor del club en más de 10.000 millones de euros durante la última asamblea general, y un inversor que aportara alrededor de 1.000 millones de euros por una participación del 10% validaría esa cifra. El País recuerda transacciones de mercado comparables —como las del Atlético de Madrid, el PSG o Los Angeles Lakers— para ilustrar la magnitud de esta valoración.

La propuesta también incluiría límites estrictos. El inversor inicial que adquiera esta participación minoritaria tendría prohibido comprar acciones adicionales, incluso si el club decidiera posteriormente vender más. Mientras tanto, el 90-95% restante de las acciones se distribuiría equitativamente entre los aproximadamente 100.000 socios del Real Madrid, cada uno con derecho a una sola acción. Estas acciones solo podrían transferirse a otros socios actuales o a nuevos socios que cumplan los requisitos, preservando así el modelo de gobernanza tradicional del club.

Florentino Pérez ya expuso los principios fundamentales de este plan durante la última asamblea, haciendo hincapié en la importancia de que el control del club permanezca en manos de sus socios. La conversión en sí no se votará en la asamblea del 23 de noviembre, puesto que no se ha convocado ninguna sesión extraordinaria. En su lugar, es probable que el tema aparezca en el informe del presidente, como ya ocurrió el año pasado, cuando Pérez explicó por primera vez sus razones tras las recientes reformas legislativas en materia de gobernanza deportiva.

El proceso formal comenzaría con la convocatoria de una junta general extraordinaria para autorizar un referéndum. Su aprobación requeriría una mayoría absoluta: más de 50.000 votos de los socios con derecho a voto. De ser ratificado, una comisión mixta integrada por representantes del CSD (Consejo Superior de Deportes), LaLiga, la RFEF (Federación Española de Fútbol) y el sindicato de futbolistas evaluaría el modelo de capital propuesto, en función del precio pagado por el inversor. Posteriormente, el club dispondría de hasta nueve meses para distribuir las acciones.

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